Publicado el: 28-03-2017
A la comunidad cordobesa:
El Gobierno Provincial difunde en los medios de comunicación, a través de una costosa campaña publicitaria, la propuesta salarial que hasta hoy, 27 de Marzo de 2017, no ha sido presentada por escrito ni a los docentes, ni a su organización. Esto dificulta la posibilidad de que los trabajadores docentes sepamos de cuánto es el aumento que nos propone el Poder Ejecutivo.
A esta situación le suma
el incumplimiento del Gobierno PROVINCIAL con lo firmado en las Actas del año
2015 y 2016, y el del Gobierno NACIONAL con la negativa a convocar a la
Paritaria Nacional Docente que establece el artículo 10 de la Ley 26.075,
reglamentado por el Decreto 457 /2007, previo a la fijación del porcentaje de
aumento para el año 2017.
El Gobierno RECONOCE SU INCUMPLIMIENTO de noviembre de 2016 y
propone pagar esa deuda a partir del mes de Febrero de este año. Pero además,
impone unilateralmente una modificación al acuerdo de 2015 que consiste en
correr la fecha ya estipulada para el Blanqueo del Material Didáctico de Noviembre a Febrero en los vencimientos de
los años sucesivos. Así el 25% que, según ese acuerdo debe blanquearse en Noviembre de
2017, el Gobierno dispone hacerlo en Febrero de 2018, mientras que el de Noviembre
de 2018, lo pasaría a Febrero de 2019.
La provincia no ha dado ninguna explicación razonable para fundamentar el desconocimiento de una obligación formalmente asumida y homologada ante la autoridad laboral local. Con esta decisión unilateral pretende que cada docente resigne tres meses de percepción de esos importes, su incidencia sobre todos los rubros remunerativos y el medio aguinaldo, así como el correspondiente impacto en las jubilaciones de los docentes pasivos.
En el año 2016 la Provincia aumentó, con recursos propios, el 25% de nuestro salario.
Por el acuerdo NACIONAL, la Nación aumento el FONDO de INCENTIVO DOCENTE. En el
acta de Marzo del 2016 se acordó que el Gobierno de CÓRDOBA convocaría a
UEPC para corregir el aumento convenido si la inflación superaba el 25 %.
La inflación del año pasado publicada por el Instituto de Estadísticas de
Córdoba fue, desde febrero de 2016 a Enero de 2017, del 32,30 %. Por ese motivo,
el gobierno de Córdoba está ADEUDANDO a cada docente un 7,3 % del salario
devengado durante 2016, y solo reconoce un 1,5% de aquel desfasaje.
Las medidas de fuerza que se vienen llevando adelante desde el año pasado fueron y son producto de los INCUMPLIMIENTOS de los GOBIERNOS NACIONAL y PROVINCIAL.
Para el corriente año, el Gobierno Provincial dice que la inflación será del 18 %, y comunica que está dispuesto a adelantar esa inflación a partir de febrero con un aumento del 11 % y un 7 % más a partir de Julio, con revisiones en Julio, Octubre del 2017 y enero del 2018, afirmando que ESTA VEZ SÍ VA A CUMPLIR en el caso de que la inflación supere esa porcentualidad. Para determinar la inflación propone el porcentaje publicado por el Índice de Precios al Consumidor de la Provincia de Córdoba.
Porque sencillamente lo que cobramos NO NOS ALCANZA para cubrir las necesidades básicas de nuestras familias y cumplir con nuestras obligaciones tributarias.
Porque NO ES JUSTO que existiendo DEUDAS a favor de los docentes, el Gobierno no asuma su responsabilidad de honrarlas y pagarlas
Porque al vivir en democracia construimos herramientas legales para dirimir diferencias, encauzar el diálogo, resolver los problemas respetando la negociación como el mecanismo válido para superar la conflictividad, es que instamos a los gobiernos Nacional y Provincial a reflexionar sobre sus incumplimientos, a honrar los compromisos asumidos, a proponer una solución justa sin castigar arbitrariamente con descuentos de días de paro a quienes reclamamos legítimamente lo que nos corresponde.
El camino no es enojarse con los docentes, menos aún creer que con castigos
arbitrarios se va a tapar una realidad que nos golpea y lastima a todos.
Confrontar con los trabajadores para que RENUNCIEN a sus derechos IMPONIÉNDOLES condiciones indignas, no es JUSTO NI ESPERABLE DE UN GOBIERNO QUE debe garantizar una EDUCACIÓN DE CALIDAD e INCLUSIVA PARA TODOS LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES de la provincia de Córdoba.