A principios de 2018 el Gobernador Schiaretti asumió públicamente un compromiso: “En Córdoba los aumentos de los salarios provinciales van a ser con cláusula gatillo para que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo en relación a la inflación, lo que es razonable” (18/01/2018).
El mecanismo de cláusula gatillo resguardo nuestros salarios hasta el mes de setiembre. Dado que la recaudación de la provincia comenzó a disminuir debido a la devaluación y la recesión económica, el Gobierno decidió no continuar con la cláusula gatillo de manera mensual. Por ello en octubre, noviembre y diciembre se discutieron renegociaciones mensuales, por fuera de los indicadores inflacionarios.
A pesar de la caída de la actividad económica y la recesión en todo el país, otras administraciones, que también habían firmado acuerdos salariales con cláusula gatillo, como Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos o incluso el Municipio de la ciudad de Córdoba, respetaron a sus trabajadores y pagaron los aumentos en tiempo y forma. Pero el Gobernador Schiaretti, lamentablemente, no respeto los acuerdos.
Durante 2018 el promedio de inflación anual fue de 46,59% mientras que nuestros salarios tuvieron un aumento de 36%, sumado al bono de $5000 abonados en enero. La distancia entre la evolución de los precios y nuestros haberes es aún más desesperante si consideramos la canasta básica, el aumento de los servicios o el impresionante incremento de los impuestos provinciales.
Preso de su propio proyecto
La política económica nacional ha fracasado: no ha conseguido bajar la inflación; ha destruido los salarios de trabajadores en actividad y jubilados; y ha producido una recesión económica pocas veces vista.
Los estados provinciales que, en muchos casos, han acompañado la “Gobernabilidad”son también responsables de estos resultados: la caída de la actividad económica impacta directamente en la recaudación del erario público.
La dramática realidad económica y social presente nos sigue dando la razón, a quienes incansablemente, advertimos que esta política económica iba a producir estos resultados.
A principios de febrero nos enteramos de dos difíciles novedades que inciden directamente en el debate salarial: la estrepitosa caída de la recaudación provincial y un índice inflacionario del mes de enero de 3,97 %, en Córdoba, que supera el nacional.
El Gobierno Provincial, que acompañó desde un primer momento la política económica nacional -dando apoyo en el Congreso a todas las iniciativas del Gobierno Nacional- hoy sufre, en su propia administración, las consecuencias de dichas medidas y ha quedado preso de sus propias decisiones. Los márgenes de acción cada vez son menores y las fuentes de financiamiento más escasas y onerosas.
Así, no.
La UEPC, a diferencia de otros sindicatos, no suscribió el acuerdo salarial que la Provincia ofreció que incluía un 5% de aumento junto con cláusula gatillo para el primer semestre del año 2019.
Ante esta situación la Asamblea de Delegados Departamentales, reunida el jueves 15 de febrero, estableció algunas pautas que orientarán la posición del gremio en la negociación:
1- La UEPC no está dispuesta a aceptar una propuesta oficial a libro cerrado. Se trata de una negociación paritaria. Nos negamos a aceptar los términos formulados en noviembre de 2018 para el primer semestre del 2019. Reiteramos, la realidad nos dio la razón.
2- Debemos recuperar lo perdido en 2018. La pauta salarial para el presente año, debe estar precedida de un mecanismo compensatorio de la pérdida de los salarios del año precedente, que está en torno al 10 u 11 %; según los propios índices oficiales.
3- El acuerdo salarial debe ser anual. Las elecciones provinciales previstas para el mes de mayo venidero no pueden constituirse en un evento que condicione la evolución de nuestros salarios. Los presupuestos Nacional y Provincial tienen una previsión para la inflación del año 2019. Si bien, difícilmente logren ese resultado; no puede dejarse de tomar como un piso de demanda de nuestra parte.
4- La cláusula gatillo es una buena herramienta de protección del poder adquisitivo del salario; pero para que ello no debe estar condicionada a la variable recaudación: los salarios de los trabajadores no pueden ser la variable más afectada por los resultados de las políticas oficiales.
5- El acuerdo salarial debe contemplar a los docentes jubilados.
6- Debe cumplirse la cuarta cuota del blanqueo salarial con los haberes del mes de febrero tal como fuera acordado; por fuera de los recursos que se apliquen para la pauta salarial 2019.
Los docentes cordobeses solo estamos demandando ser respetados como trabajadores del Estado y como ciudadanos. Algo que resulta absolutamente razonable. Cuando un Gobierno no respeta los acuerdos y pretende pagar remuneraciones que ni siquiera se acercan a los aumentos impositivos y de servicios que le impone a la población, el pacto de convivencia entre Estado y Ciudadanía se ve directamente afectado.
Honrar los compromisos es mantener el poder adquisitivo de las y los docentes
En Archivo Adjunto se puede descargar el documento para compartir y poner a consideración de las compañeras y compañeros docentes.
