Desde el mes de noviembre y particularmente durante diciembre y enero, tras la devaluación del peso, fruto de la liberación del cepo cambiario sin medidas que atenúen su impacto social y económico, los trabajadores estamos soportando terribles aumentos de precios que en los productos de consumo básico se encuentran en el orden del 40%.

Además, la eliminación de los subsidios a la energía eléctrica, anunciados por el Gobierno Nacional, impactará en un aumento de cerca del 50% en la tarifa, que se suma al determinado por la empresa EPEC a finales del año pasado. Al listado de ataques al poder adquisitivo del salario de los trabajadores se puede agregar los propios de los impuestos provinciales y municipales que también en promedio se encuentran en torno al 40%.

Como si todo esto fuera poco, el 23 de diciembre de 2015, el Gobernador Schiaretti logró que la Legislatura aprobara la Ley 10.333, en una sesión legislativa vergonzosa en la que muchos representantes, tal como lo reconocieron abiertamente en las audiencias públicas que realizaron las Delegaciones en los meses de enero y febrero, no sabían siquiera los detalles de la norma que estaban votando. Esta medida dio por tierra su compromiso como Gobernador electo de establecer un periodo de 180 días a partir de su asunción para derogar la Ley 10.078, y por ende, la necesaria consulta a las organizaciones de los trabajadores afectados. La nueva norma modifica sustancialmente el cálculo del haber jubilatorio, recortando un 11% las jubilaciones actuales y la de los próximos pasivos. Los docentes cordobeses que nos jubilemos con la 10.333 estaremos por debajo de los beneficios establecidos por la Ley Nº 24.016, Régimen Jubilatorio Docente Nacional.

En este contexto, el Gobierno Nacional ha determinado una pauta inflacionaria para el año 2016 de entre el 20% al 25%; previsión que nadie podrá comprobar con certeza puesto que a la par han manifestado que el INDEC no dispondrá de indicadores oficiales hasta finales de año. Con el objetivo de lograr el cometido mencionado pretende establecer dicho porcentaje como cepo en las negociaciones paritarias. De hecho, de modo perverso el Ministro Prat Gay ha depositado en los dirigentes gremiales la responsabilidad sobre un supuesto equilibrio entre lograr los mejores salarios y mantener los puestos de trabajo.

Si esta penosa declaración se la conjuga con los masivos despidos en la administración pública nacional y aquellos que comienzan a darse en el ámbito privado, la incapacidad o decisión política de no controlar a los sectores concentrados formadores de precios; sumado a quienes son los beneficiados con las principales medidas adoptadas, - devaluación, quita de los aranceles para la exportación agropecuaria e industrial, suba de las tasas de interés -, aparece claramente que depreciar la capacidad adquisitiva de los asalariados para ralentizar el consumo, es la herramienta central que ha dispuesto el gobierno para alcanzar la meta inflacionaria señalada.

Con la CGT Córdoba nos hemos declarado en estado de alerta y movilización y ya se han lanzado medidas de acción directa que serán evaluadas conjuntamente con la evolución social y económica, para continuar planificando acciones de mayor envergadura. Si no se producen correcciones de importancia en el rumbo social y económico probablemente estemos en camino a determinar un contundete paro provincial.

La paritaria

En Córdoba, la paritaria docente ha concitado enorme atención. Los datos que aporta la negociación de la Paritaria Nacional, sin avances sustanciales, como los propios de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, no son auspiciosos para los trabajadores docentes.

Desde CTERA hemos solicitado un 40% de aumento anual y renegociación semestral pero el Ministro Bullrich no ha dado respuestas consistentes. En Buenos Aires se ha ofrecido 23% en tres cuotas a completar en agosto, y en Capital 22% en cuatro pagos al mes de octubre.

El camino de nuestra organización es la demanda clara, concreta, coherente y de frente a los docentes, defendiendo el poder adquisitivo de nuestros salarios, los puestos de trabajo, las condiciones laborales y la educación pública.

En ese sentido, siguiendo lo acordado en CTERA, hemos planteado que si la paritaria es de carácter anual no podemos aceptar menos del 40%; o si se promueve una negociación parcial deberá comprender el semestre del 1 de enero al 30 de junio con un piso del 25% de arranque.

Consideramos que si las autoridades nacionales, que al igual que las provinciales que han decidido encuadrarse firmemente con las pautas establecidas por aquellas, logran sus objetivos en materia inflacionaria, en el segundo semestre será otro el escenario para discutir la nueva pauta salarial. En tanto ello no suceda, creemos que no podemos quedar encorsetados en un acuerdo anual con un incremento menor al 40%.