En esta época signada por el COVID-19, el gran reto para la mayor parte de la población es cómo protegerse del virus y proteger a la familia, y cómo preservar el trabajo. 

Para los formuladores de las políticas, ello se traduce en superar la pandemia evitando en el proceso provocar daños irreversibles a la economía. Habida cuenta de los más de tres millones de infecciones y alrededor de 217.000 víctimas mortales del virus hasta la fecha a nivel mundial, y de la previsión para mediados de año de una pérdida equivalente a 305 millones de puestos de trabajo en el mundo, lo que hay en juego no tiene precedentes. 

En la búsqueda de las mejores soluciones, los gobiernos continúan escuchando a la ciencia, sin contemplar las evidentes ventajas que plantea una cooperación internacional muchísimo mayor en la preparación de una respuesta necesariamente mundial a un problema del mundo entero. 

Sin embargo, con la batalla contra el COVID-19 sin ganar aún, se ha instalado la idea de que lo que nos aguarda tras la victoria es una “nueva normalidad” en cuanto a la forma en que la sociedad está organizada y en la que trabajaremos. No es nada tranquilizador. Y no lo es porque nadie parece poder explicar en qué consistirá esa nueva normalidad. Porque el mensaje es que será dictada por las limitaciones impuestas por la pandemia, y no por nuestras elecciones y preferencias. Y porque ya lo hemos oído anteriormente. 

El mantra de la “música ambiental” en la crisis de 2008-2009 era que, una vez se hubiera elaborado y aplicado la vacuna contra el virus de los excesos financieros, la economía mundial sería más segura, más justa y más sostenible. Y no fue así. Se restableció la antigua normalidad, castigando duramente a la población más desfavorecida, y dejándola en peor situación. 

Así pues, el 1º de mayo, Día Internacional del Trabajador, es la perfecta ocasión para examinar más de cerca esta nueva normalidad, y para comenzar la tarea de forjar una normalidad mejor, no tanto para quienes ya tienen mucho, sino para quienes –tan claro está– tienen demasiado poco. 

Esta pandemia ha puesto al descubierto de la manera más cruel, la extraordinaria precariedad y las injusticias de nuestro mundo laboral. Se trata de la destrucción de los medios de vida de la economía informal –en la que se ganan la vida seis de cada diez trabajadores– la que ha provocado las advertencias de nuestros colegas del Programa Mundial de Alimentos sobre la pandemia de hambre que se avecina. 

Se trata de los agujeros enormes de los sistemas de protección social, incluso de los países más ricos, que han dejado a millones de persona en situación de privación. Se trata de la falta de garantías de seguridad en el trabajo, que cada año condena a casi tres millones de personas a morir debido al trabajo que realizan. Y se trata de la dinámica incontrolada de la creciente desigualdad que hace que, si en términos clínicos, el virus no discrimina entre sus víctimas, en su impacto social y económico, discrimina brutalmente a los más pobres e impotentes. 

Lo único que debería sorprendernos en todo esto es que estamos sorprendidos. Antes de la pandemia, los déficits manifiestos de trabajo decente se manifestaban principalmente en episodios individuales de desesperación silenciosa. Ha sido necesaria la calamidad del COVID-19 para sumarlos al cataclismo social colectivo que el mundo afronta hoy. Pero siempre se supo: sencillamente, optamos por no preocuparnos. 

En general, las decisiones políticas, por acción u omisión, más que aliviar el problema, lo agravaron. Hace 52 años, en un discurso a los trabajadores de los servicios de saneamiento en huelga, y en vísperas de su asesinato, Martin Luther King recordó al mundo la dignidad inherente a todo trabajo. 

En la actualidad, el virus ha vuelto a poner de manifiesto la función siempre esencial, y en ocasiones épica, de los héroes que trabajan en esta pandemia. Son personas por lo general invisibles, ignoradas, infravaloradas, incluso ninguneadas, que con demasiada frecuencia figuran en la categoría de trabajadores pobres y en situación de inseguridad: los trabajadores de la salud y de los servicios de prestación de cuidados, el personal de limpieza, las cajeras y cajeros de supermercados, el personal del transporte. 

En la actualidad, la negación de la dignidad a estas y a otros tantos millones de personas, representa un símbolo de los errores políticos pasados y de nuestras responsabilidades futuras. 

Confiamos en que, para el Día del Trabajador del año entrante, la acuciante emergencia del COVID-19 haya quedado atrás. Ahora bien, tendremos ante nosotros la tarea de forjar un futuro del trabajo que resuelva las injusticias que la pandemia ha dejado al descubierto, junto con los retos permanentes, que no es posible seguir postergando: la transición climática, digital y demográfica. 

Esto es lo que define “una normalidad mejor” que ha de ser el legado perdurable de la emergencia sanitaria mundial de 2020.