Luego de la aprobación de la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo provincial elevamos a los representantes del Gobierno Provincial una serie de cuestiones gremiales que consideramos centrales para las sucesivas negociaciones paritarias.

Tras la aprobación por parte de la Asamblea de Delegados y Delegadas departamentales de la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo provincial y de la síntesis de reuniones y aportes puestos en consideración para la construcción de la misma, elevamos a los representantes del Gobierno Provincial una serie de cuestiones gremiales que consideramos centrales para las sucesivas negociaciones paritarias. Todas ellas a los fines de corregir, pero por sobre todas las cosas lograr coherencia y justicia salarial en los trabajadores y trabajadoras del sector público o vinculados directa o indirectamente con el Estado provincial y/o municipal.

1.       Cobertura de Cargos. Mientras en Córdoba hemos tenido que batallar duramente para lograr la cobertura de cargos, que a fines del ciclo escolar no se ha completado en todos los niveles, observamos que en otras jurisdicciones se han podido designar a la gran mayoría de las vacantes que se han producido en el año. Este tipo de políticas arbitrarias, no solo resulta una afrenta al colectivo docente sino que deshace  el sistema educativo como tal, promoviendo la deserción escolar y la falta de incentivos para la carrera docente.

2.       Inequidad Salarial. También resulta muy difícil de digerir el hecho de que otros sectores de la administración pública o vinculados directa o indirectamente al Estado provincial o municipal logren aumentos salariales superiores a los propuestos a la docencia.  Esta situación promueve una comparación innecesaria, que podría ser resuelta con propuestas iguales y equivalentes.

3.       Conectividad y Equipamiento. Por otro lado, el Gobierno continúa sosteniendo su falta de consideración a un pedido legitimo en torno a la cobertura de gastos de conectividad necesaria para el dictado de clases en forma remota. Tampoco ha dado respuestas a la demanda de provisión de equipamiento o acceso a líneas de créditos accesibles para adquirir telefonía o computadoras con mayor capacidad para poder sostener el vínculo pedagógico con los y las estudiantes.

4.       La Peor Jubilación Docente del País. Un capítulo aparte merece el tratamiento que le ha dado la provincia de Córdoba al Régimen Previsional Docente exhibiendo el triste “logro” de ser la PEOR JUBILACIÓN DOCENTE DEL PAÍS. Pese a este supuesto “ahorro” para las arcas provinciales, el Estado Provincial SIEMPRE parece encontrarse con recursos insuficientes para atender las demandas lógicas de las y los docentes. Vemos recortes, pero ningún tipo de inversión en mejorar salarios, trayectos de formación inicial y continua, así como tampoco en la provisión de equipamientos necesarios para docentes y estudiantes.

5.       Ganancias. En otro orden de demandas, resulta paradójico que un trabajador profesional (como lo es el docente) que no se encuentre en relación de dependencia, (4ta) Categoría del Impuesto a las Ganancias pueda desgravar gastos inherentes a su formación y capacitación y tarea cotidiana, mientras que en el caso de las y los trabajadores de la educación que sí se encuentran en relación de dependencia, no lo puedan hacer.  Otro aspecto que suma al gran contrasentido que vivimos y la carencia de sensibilidad para con el esfuerzo y compromiso de las y los docentes.

6.       Mercado e inflación. En otro orden, pero tal vez tan importante como lo señalado más arriba, resulta fastidiosa la nula actuación de las autoridades competentes, sean del orden nacional, provincial y municipal, para intervenir en el mercado a los fines de proteger el poder adquisitivo de los alicaídos salarios.  Llama la atención que un indicador tan lacerante como el de la inflación mensual, siempre aumenta más que los salarios, con el inmediato efecto de depreciación de la capacidad de compra y achicamiento del mercado interno.

Es obsceno observar que pese al congelamiento de tarifas y servicios públicos, los precios de los productos de primera necesidad siguen aumentando, en particular el rubro frutas y verduras. Es nuestra responsabilidad negociar salarios que permitan que las y los trabajadores no deban endeudarse para llegar a fin de mes, pero también seria valorado por las organizaciones sindicales y los trabajadores, que el Estado actuase como regulador de las relaciones sociales y económicas de los cordobeses para favorecer mayor justicia social.

7.       Nuestra Apuesta. Hemos luchado de manera continuada para que el Estado sea el garante del derecho social a la educación, alejándose del concepto de bien transable o mercancía.  Creemos humildemente que como organización hemos aportado, como lo hacen otros sectores de la sociedad Cordobesa, al engrandecimiento de la provincia principalmente en materia de educación pública. 

Logramos Leyes en el Congreso Nacional y en la Legislatura Provincial, siendo estas conquistas normativas  el resultado de largas luchas contra la desigualdad, la ideología del individualismo, del Estado mínimo, del ajuste eterno y perpetuo y de desolación para cada vez más compatriotas, que esperan de las instituciones del Estado (y principalmente de la escuela) oportunidades para construir esperanzas de un mundo menos cruel y más justo. 

Desde ese lugar es que responsablemente resolvimos en nuestra Asamblea Provincial, que hay que suscribir el acta salarial para lo que resta del año en curso y enero del 2021. No estamos conformes con el resultado de la negociación, pero pretendemos seguir discutiendo la política salarial para el sector docente, que es nada más y nada menos, que establecer cuáles son las prioridades de quienes nos gobiernan acerca del destino que nos depara la postpandemia.