Informamos que, mediante una nota dirigida a la Secretaria de Educación de la Provincia, hemos expresado nuestra disconformidad con lo
dispuesto en el Memorándum 11 al solicitar a las direcciones de las escuelas
que reiteren información ya solicitada y
elevada oportunamente en el mes de setiembre a las autoridades correspondientes, en relación a la situación de los
alumnos y su vínculo con la escuela.
Además, en el Memorándum 11, bajo el título “Modificación de informe de progreso escolar, promoción y acreditación”, a partir de la Resolución 343/20, del 14 de septiembre del corriente año, se fijan los criterios de Acreditación y Promoción de los aprendizajes, pero esta vez se ordena que el Informe de Progreso Escolar, debe quedar registrado en Gestión de Estudiantes; para lo cual prescribe un modelo de informe no trabajado durante el presente periodo de pandemia, lo que implica rever lo desarrollado hasta el momento y adecuarlo a este nuevo instrumento administrativo.
Cuestionamos esta decisión, pues consideramos que es innecesaria sumar más laborales y responsabilidades a los quienes deben dirigir de los establecimientos educativos, más aun teniendo en cuenta el fin del periodo escolar del año en curso.
Solicitamos se establezca un tiempo adecuado para poner en práctica las nuevas demandas de registros y carga del Informe de Progreso Escolar (IPE) en el Sistema de Gestión de Estudiante, porque la aplicación de este nuevo instrumento lleva una tiempo de aprendizaje y de manejo tecnológico, difícil de cumplir en esta etapa del año escolar.
Reiteramos la necesidad de cobertura de la totalidad de los espacios curriculares; y cargos docentes, principalmente las que conllevan tareas de apoyo, administrativas, técnicas y pedagógicas, fundamentales el funcionamiento institucional y los requerimientos de las autoridades correspondientes.
Exigimos se respeten las condiciones de trabajo y el reconocimiento efectivo al esfuerzo que la docencia viene realizando en esas etapa para mantener el vínculo pedagógico con los estudiantes y cumplir con el Derecho a la Educación, que debe garantizar el Estado.
