La suspensión y/o dilación en la remisión de los aportes estatales para el pago de los salarios docentes a las entidades propietarias, es una grave situación que pone en riesgo la percepción en tiempo y forma del salario por parte de las y los docentes. 

Desde nuestra organización exigimos a los empleadores a cumplir con el pago de los salarios; al Estado Provincial a remitir los aportes comprometidos y realizar la carga de todos los MABs pendientes. Además, hemos dispuesto un formulario de relevamiento de situaciones de irregularidad e incumplimiento salarial, para que las y los docentes de gestión privada puedan describir las situaciones de inequidad que experimentan. 

Para acceder al formulario ingresar aquí

Durante la pandemia, las y los docentes de las instituciones educativas de gestión privada, al igual que sus pares de las escuelas estatales han realizado un gran esfuerzo para sostener el funcionamiento del sistema educativo, solventando los gastos que conlleva la actividad virtual con escasos aportes de los empleadores y la casi nula contribución del Estado Provincial. 

La legislación provincial es muy clara y precisa, estableciendo claramente las condiciones que deben cumplir los empleadores para recibir el aporte económico del Estado para el pago de los salarios docentes. 

Si el procedimiento ha sido debidamente cumplido y aprobado por las autoridades correspondientes, debe remitirse los fondos en cuestión, ya que no son recursos que se asignan al patrimonio de la entidad propietaria, sino que directamente concurren al bolsillo de las y los docentes. 

Desconocer que la normativa vigente establece que la no percepción del aporte estatal para los salarios, no desobliga a los empleadores de cumplir con su obligación de abonarlos en tiempo y forma; el Estado Provincial, debe cumplir con la provisión del aporte acordado. 

Dilatar el envío de los aportes estatales es grave, ya que en numerosos casos afecta a instituciones educativas que, en lugares de la provincia en dónde no existe igual presencia de gestión estatal, por su trayectoria, ámbito de actuación y población escolar que recibe, cumplen una función social garantizando el derecho a la educación.