Expresamos nuestra solidaridad con el compañero Carlos Rang, vocal del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba, y con la compañera Andrea Ferreyra, delegada de ATE en el Hospital Regional Río Cuarto, quienes el pasado viernes 17 de mayo sufrieron un allanamiento de la policía federal en su domicilio particular de la ciudad de Río Cuarto. 

Durante el procedimiento ordenado por el juez federal Carlos Ochoa, y sin informar el motivo de la medida judicial, los efectivos policiales retuvieron los teléfonos celulares de los compañeros dirigentes sindicales. 

Desde UEPC rechazamos este hecho de extrema gravedad y repudiamos el accionar intimidatorio por parte del entramado político-judicial, que busca disciplinar a dirigentes y militantes de los sindicatos y las organizaciones sociales, en un contexto de crisis social, criminalización de la protesta y ajuste económico a las y los trabajadores.