Los ciudadanos de Córdoba asistimos a una delicada situación que ha expuesto graves falencias como sociedad.

Un gobernador que se evade de sus responsabilidades y haciendo caso omiso a las claras señales de un duro conflicto con las fuerzas policiales abandona la Provincia en las horas álgidas; y que al momento de justificar su inacción deriva en otros las competencias que les son propias. Un gobierno nacional que sólo atina a monitorear la situación; cuando lo necesario era aportar en la recuperación de la paz social.

Un sector de la sociedad - las fuerzas policiales - que para sustentar sus reclamos de salario y condiciones de trabajo dejan desamparados al resto de la sociedad y utilizan una metodología de carácter extorsivo que tiene su sustento en la posesión de armas de fuego. Esas armas que el Estado, en representación de la sociedad, les ha otorgado para que nos ampare ante el delito.  

Asistimos a la reiteración de los saqueos que, a diferencia de los producidos en los momentos más duros del neoliberalismo, fueron protagonizados por distintos sectores sociales. Cundió la destrucción y el robo de bienes que lejos estaban de ser de primera necesidad. Actos de vandalismo que no fueron espontáneos y dieron cuenta por un lado,  de la presencia de un delicado entramado entre fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada; como así también, de un núcleo de la sociedad, que ante la ausencia de la fuerza pública no trepida en delinquir o tomar la justicia por mano propia.

Ha resultado doloroso ver reproducido en los medios periodísticos y las redes sociales expresiones de racismo y xenofobia social; donde se estigmatiza a otros ciudadanos por "portación de rostro" o sus rasgos culturales. 

Frente a este escenario, los docentes cordobeses organizados en la UNION DE EDUCADORES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA no podemos permanecer en silencio.

Rechazamos la violencia y toda metodología de reclamo que ponga en riesgo a las personas y los bienes públicos y privados. Afirmamos que la Democracia nos brinda los canales institucionales para realizar y procesar nuestras demandas.

El movimiento obrero organizado de Córdoba tiene una dilatada tradición de lucha, a la cual resulta ajena la violencia irracional y la instalación del miedo como mecanismo para lograr sus fines.

No renunciamos a nuestros legítimos reclamos, pero queremos afirmarnos en nuestra condición de ciudadanos conscientes que lograr nuestros objetivos sectoriales no puede darse en desmedro del resto del conjunto social.

Somos educadores y no claudicaremos en nuestra noble tarea ante las dificultades que cotidianamente se nos presentan.  Por ello, exigimos que nuestro irrenunciable compromiso sea acompañado efectivamente por las autoridades dando respuestas adecuadas a todos los planteos que sistemáticamente venimos realizando.

Está finalizando el ciclo lectivo y el Gobierno aún tiene respuestas pendientes a nuestros insistentes reclamos: los jubilados afectados por la Ley Nº 10.078; los centenares de educadores con deudas salariales; las inequidades y postergaciones en nuestro escalafón docente; los planteos irresueltos acerca de condiciones de seguridad, higiene e infraestructura escolar; un sistema de control médico eficiente y justo basado en la prevención y la reparación y no en el castigo; la apertura de espacios institucionales participativos que permitan una reflexión seria y profunda sobre nuestro trabajo en el escenario actual; y a todas luces, la concreción de un salario digno acorde al valor que la sociedad otorga a la labor educativa.  

La escuela es un ámbito central para la construcción de ciudadanos solidarios y comprometidos. Para que ello sea posible no basta el trabajo de los docentes. Las familias, con su plural conformación actual, deben acompañar esta tarea. No es posible educar en la ambigüedad de valores: los de la escuela y los del hogar y el entorno barrial.

La escena padecida del "mercado en carne viva", tuvo en los saqueadores de la semana pasada a actores de reparto. Los actores principales son los formadores de precios, los especuladores, los predicadores del Estado mínimo, la exaltación del individualismo, el "sálvese quien pueda" y el "poder consumir para poder ser".

Ante ello, reclamamos más Estado eficiente y al servicio de los ciudadanos; atento a quienes viven en los márgenes de la sociedad y deben ser protagonistas de las políticas públicas que desde la escuela y otros ámbitos le permitan integrarse a una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.

Estamos cumpliendo recién treinta años de nuestra joven DEMOCRACIA; y en este marco resulta imprescindible la reflexión y la acción de cada uno de nosotros para que desde nuestro lugar, aportemos en su consolidación como el único sistema que nos permite realizarnos individual y colectivamente.