Editorial del compañero secretario general, Juan Monserrat, para la revista La Tiza N° 127.

El Gobernador puso como problema nacional en su campaña presidencial el eje de la inflación. Los formadores de precios y los comunicadores la han alentado y la situaron deliberadamente como uno de los desaciertos de la política del Gobierno Nacional, como si fuese el único responsable de la escalada de precios, principalmente de los productos de primera necesidad, aquellos que son imprescindibles para nuestra subsistencia.

A pocos días de haber cobrado la segunda parte del incremento salarial, a principios del mes de setiembre del corriente año, y en el marco de las protestas regionales por la derogación de la Ley 10.078, planteamos la apertura de la mesa de discusión salarial. El Gobierno Provincial debía compensar la pauta salarial acordada en el mes de febrero. Nuestra demanda caló hondo e hizo punta en la necesidad de llevar más dinero a nuestros bolsillos y al de la totalidad de los trabajadores del Estado Provincial.

Atento a lo sucedido en el mes de diciembre del año pasado, el Gobierno reconoció la demanda y elevó una propuesta. Esto hay que destacarlo y valorarlo. Al mismo tiempo no debemos dejar pasar el modo y la forma en que lo propuso: anunciar $1.500 para los activos, y la mitad de ese monto a los jubilados que cobren menos de $10.000, da cuenta que los jubilados no forman parte de sus preocupaciones, y que aun tiene consenso social el volver a discriminarlos.

Nuestra organización sabe de sufrimientos y de solidaridades. Mantiene una línea de acción gremial coherente a la hora de defender a los compañeros que dejaron el alma en las aulas, y es un fiel reflejo de lo que hacemos diariamente por el derecho social a la educación de los niños y de los jóvenes. Tenemos convicción, identidad y fortaleza para defender la igualdad y la dignidad, particularmente con aquellos compañeros que sufren más que nadie la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes previsionales. La resolución del plenario de Secretarios Generales fue clara y contundente: si el Gobernador ofrece un bono de $1.500 pesos, que sea IGUAL PARA TODOS.

Esperábamos una avalancha de solidaridades hacia nuestra posición y un repudio a quien, habiendo hecho sancionar la Ley 10.078, nuevamente volvía a dejar postergados a los jubilados. Lo que esperábamos del conjunto de los ciudadanos y de los formadores de opinión no ocurrió. Hicimos que todas las organizaciones pensaran una distribución de la masa que a cada uno le tocaba. La UPS (Unión del Personal Superior de la Administración Pública) y el Sindicato Vial acompañaron nuestro criterio de distribuir en forma igualitaria.

La consulta a todos los docentes de la provincia, el debate en las asambleas, las propuestas y finalmente las resoluciones mayoritarias en los 26 departamentos de la Provincia por aprobar que sea para TODOS, a pesar de que el monto final sea inferior a lo propuesto por el Gobernador, y la UNANIMIDAD en la resolución final de la Asamblea Provincial, dan cuenta que nuevamente la ORGANIZACIÓN se ha FORTALECIDO en esta etapa y hemos resuelto la defensa del salario CON TODOS los docentes. La legitimidad de quien gobierna se vincula con el consentimiento del conjunto hacia sus decisiones, pero nos revelamos ante las injusticias, las discriminaciones, las decisiones políticas que no reconocen nuestro esfuerzo y no respetan nuestra tarea diaria, aquellas que discriminan a los jubilados, que ponen más plata en los policías que en los sueldos de los maestros. La prioridad en la asignación de recursos determina la sociedad que estamos construyendo y visibiliza los valores y principios en donde se construye la ciudadanía.

Como trabajadores y maestros, como defensores de la escuela pública y del derecho social a la educación, seguimos luchando por la justicia social y educativa, y todos los días le damos batalla a los que se resignan, a los que promueven desigualdades, discriminan y construyen una sociedad en base al miedo.

Como trabajadores y desde nuestra organización seguiremos fortaleciendo la unidad y solidaridad de nuestras organizaciones, reconociéndonos como parte de un colectivo que se construye con el otro, que lucha por la justicia social y educativa.

Este proceso nos ha dejado enseñanzas y aprendizajes, que se suman a nuestra rica experiencia colectiva. Es un activo imprescindible para enfrentar la discusión salarial del 2015.