En tiempos atravesados por la crisis social y económica la escuela pública sigue acompañando y construyendo un mejor presente para niñas, niños y jóvenes, pero es necesario aunar esfuerzos y brindar especial atención desde el Estado y los gobiernos responsables para mejorar sus oportunidades educativas y condiciones de vida. De esa forma será posible una verdadera educación de calidad, donde aprender sea un derecho real para todos y todas.

Por estos días en las escuelas secundarias del país se implementó el tercer operativo de Evaluación Aprender, con carácter censal en Lengua y Matemática para sexto año. Además se aplica una prueba en Educación Ciudadana y Ciencias Naturales a una muestra de 300 escuelas secundarias. Según lo informado por la Dirección General de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa de la Provincia de Córdoba, el operativo realizado “alcanzó el 88,09% de estudiantes presentes (32.642 estudiantes) en la participación de 952 instituciones, y 1.710 docentes aplicadores”.

Los análisis para Córdoba sobre los desempeños estudiantiles muestran mejoras continuas desde el año 2013 en Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, que han sido simultáneas con el descenso de la repitencia, la sobre-edad y el desgranamiento; y con el aumento de la matrícula escolar. Es decir, la inclusión no se ha divorciado de la calidad. Más estudiantes en la escuela no implican menos aprendizajes, pero sí nuevos desafíos.

Como trabajadores de la educación hemos continuado revisando y renovando nuestras prácticas, convencidos de que el mejor lugar para las infancias y las juventudes es la escuela, y que la mejor forma de cuidado es la enseñanza. En ese sentido, creemos que la mejora sostenida de los desempeños de nuestros/as estudiantes en el contexto de desfinanciamiento de la educación pública e incremento de la pobreza, es posible por el trabajo comprometido de los/as docentes en alianza y construcción conjunta con las familias.

Sin embargo, sabemos que la escuela sola no puede. Somos conscientes de que las mejoras producidas no anulan las desigualdades aún existentes, que se reflejan como brechas sociales y educativas. Existen aún muchas/os jóvenes que no aprenden todo aquello a lo que tienen derecho, que asisten a la escuela y no pueden finalizarla o deben abandonarla. Sabemos que muchas/os tienen que salir a trabajar para ayudar en el sostén de su hogar; que otros/as realizan tareas de cuidado de hijas/os, hermanos/as, abuelos/as, u otros familiares a cargo; están quienes colaboran con tareas laborales no formales y no pueden destinar el mismo tiempo que otras/os jóvenes a formarse y estudiar. Frente a ello, creemos necesario instalar desde el Estado la pregunta por quienes no están en la escuela, desde la interrogación  sobre sus condiciones, problemas, expectativas y posibilidades; y pensar de qué manera es posible  garantizar su derecho a estudiar.

En este marco, los resultados constatan que los desempeños varían según nivel socio-económico, que no todo/as pueden culminar el nivel secundario o continuar con estudios superiores. Ante ese escenario, sostenemos que el problema central de la escolarización en la actualidad gira en torno a las brechas de desigualdad existentes. La escuela necesita de políticas que acompañen el trabajo de enseñar, con la distribución de útiles, bibliotecas, y recursos tecnológicos, así como con dispositivos de formación docente situados, gratuitos y en servicio. Además, se requiere simultáneamente de políticas públicas redistributivas y políticas sociales con eje en la economía de los cuidados, que generen condiciones para que las infancias y juventudes puedan asistir a la escuela, aprender y proyectar mundos mejores.